Más adelante, Rivera advirtió que “no debe pasarse por alto que en ningún punto del contrato se establece la tasa de retorno al apostador de las máquinas”. Para el letrado, éste es “un dato relevante” para determinar las utilidades que se reparten, “porque no se trata de un juego de azar, ya que el operador sabe perfectamente cuánto recaudará, porque las máquinas están programadas para pagar una cantidad de premios determinada conforme al volumen de apuestas”. En ese sentido, también resaltó que el contrato establece que Loterías y Casinos de Misiones “debe conservar una matemática total de los juegos, determinada por el mismo Instituto sin necesidad de autorización previa”, lo que, a su criterio, “ha despojado del poder de policía al Estado provincial”, pues la ex-CAPRESCA “no puede accionar contra el permisionario y cualquier queja o revisión del contrato tiene que tramitarse fuera de la provincia ante jueces de extraña jurisdicción”.

Por otro lado cuestionó que, con la firma de este contrato, la ex-CAPRESCA- a través de su presidenta- le otorgó a la provincia de Misiones, por un plazo de 10 años, “un dispositivo para promover el vicio y sacar dinero de Catamarca”. En este sentido, indicó que los apostadores que utilizarán estas máquinas “son comprovincianos que con sus magros salarios y las condiciones económicas imperantes creen ver en estos juegos una alternativa ‘ganadora’ para salir de esa situación en el que el propio Estado provincial los colocó”.

Para el letrado, el organismos provincial desprotegió a los posibles usuarios de las videoloterías, “ya que ninguna política proteccionista se implementó en contra de la adicción que provoca el juego”.

“Palmariamente se ve afectada la protección de la salud pública, la prevención de la ludopatía y la defensa de la igualdad de oportunidades en el juego”, sostuvo.

Es por eso que afirmó que con la firma de este contrato se está violando la ley que creó la Caja y que establece sus facultades, «la regulación, control, explotación y autorización de todo juego de azar en la jurisdicción provincial y la prohibición de todo juego de azar ilegal, especialmente en aquellos en los que participen niñas, niños y adolescentes menores de edad».

Finalmente, sostuvo que su denuncia se hace extensiva a la ex ministra de Economía, “ya que por imperio de la ley”, la ex-CAPRESCA se encuentra vinculada al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía. “Así que mal podría desconocer la exministra la operatoria que se prestaba a realizar el organismo provincial y aún así no haber puesto ningún reparo en la celebración del contrato que, a todas luces, perjudica al Estado provincial”,