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SILVANA CARRIZO PIDIÓ UNA AUDITORIA AL TRIBUNAL DE CUENTAS E INFORME DEL CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO EN NUEVA CONETA
La diputada y presidenta del bloque de la UCR presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas informen sobre el estado del Centro de Mejoramiento Genético de Nueva Coneta y otros programas que involucran millonarios fondos públicos. «Una empresa vinculada a Dalmacio Mera —designado hoy como Defensor del Pueblo por el Poder Ejecutivo— recibió fondos públicos millonarios mientras él ocupaba cargos de decisión clave, como el Ministerio de Producción. Por su parte, Miranda, otro exministro de Producción, fue propuesto para integrar el Tribunal de Cuentas, el organismo que debe controlar el uso de esos mismos recursos. El entramado es tan burdo como alarmante: funcionarios que asignan fondos terminan luego en los cargos encargados de controlarlos», advirtió la legisladora.
En una nueva iniciativa orientada al control y la transparencia del uso de fondos públicos, la diputada Silvana Carrizo, presentó un proyecto de resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial —a través del Ministerio de Desarrollo Productivo— informes detallados sobre el Centro de Mejoramiento Genético de Nueva Coneta, así como sobre otros planes y emprendimientos agroindustriales financiados total o parcialmente por el Estado entre 2016 y 2025.
Además, la legisladora pide que el Tribunal de Cuentas de la Provincia informe si intervino en carácter de órgano de control externo en dichos proyectos. «Frente a la falta de continuidad, evaluación y rendición de cuentas, esta Cámara no puede mirar para otro lado», afirmó Carrizo.
Entre los casos citados:
*El del Centro de Mejoramiento Genético una inversión inicial superior a los 90 millones de pesos.
* El «Plan Tomate» (2016-2017), que preveía una producción de 1.500.000 kilos destinada a DULCOR, nunca concretada.
* La bodega municipal «La Indómita» en Fiambalá, reconvertida en bodega exportadora, abandonada con maquinaria destruida.
* El caso de «Agroindustrias Pomán», donde se adquirió la ex fábrica Vanoli por $23 millones con financiamiento de AICAT, sin avances productivos visibles.
«El Estado no puede seguir financiando proyectos que luego quedan abandonados sin explicación ni consecuencias. Exigimos conocer si hubo controles, auditorías y si se detectaron irregularidades», subrayó Carrizo, quien también pidió copia de todos los convenios, inventarios, informes técnicos, resultados, y documentación legal vinculada.
El proyecto establece un plazo de 15 días hábiles para que el Ministerio de Desarrollo Productivo brinde la información solicitada y para que el Tribunal de Cuentas remita cualquier informe, observación o dictamen emitido respecto a los programas señalados.
